Regionales

Silencio ante relaciones impropias trunca la vida de niñas y mujeres adolescentes.

 

· Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia falló
· 87 denuncias registradas ante instancias judiciales, del 13 enero al 30 de noviembre 2017.

La relación impropia por más de 4 años y desde que la víctima tenía 14 años de edad, entre Pedro Arce Araya, de 56 años, Jefe de la Delegación de Tránsito de La Fortuna de San Carlos, terminó de la forma más extrema en que se manifiesta la violencia hacia las mujeres de todas las edades, en el femicidio de una adolescente que llegaba a sus 19 años de vida.

La familia de esta adolescente conocía de la relación impropia. También Asuntos Internos de la Policía de Tránsito, el PANI y el Juzgado Penal de San Carlos. Nadie la protegió. El Sistema entero le falló.

El femicidio es la muerte de la mujer por el solo hecho de serlo, es la última y más brutal de las violencias que sufren las mujeres, constituyendo actualmente un tema de salud pública y seguridad ciudadana. No es un hecho aislado. Es el cierre de un ciclo de manifestaciones de violencia física, sexual y emocional, que en muchos casos como en éste, son de conocimiento de la misma comunidad y autoridades, sin que resulte en el accionar debido para evitar su ocurrencia. En el 2016 se presentaron 26 femicidios, 3 de ellas eran menores de edad y otras 4 no superaban los 23 años. 15 de estas 26 mujeres eran madres, producto de ello 29 personas quedaron huérfanas. Para agosto de 2017, la cifra es ya de 19 femicidios.

Estas muertes son un reflejo de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y de patrones socioculturales discriminatorios contra ellas, que la misma sociedad legitima y refuerza, donde la conducta posesiva del agresor que considera a la mujer como un objeto de su propiedad, se convierte en el detonante.

En muchos casos, como en el que hoy lamentamos, la relación inicia cuando la víctima es aún menor de edad. Se genera así un deber de protección especial por parte del Estado y sus instituciones, en procura de garantizar el derecho al desarrollo integral y la protección ante toda forma de violencia para las personas menores de edad que habitan en nuestro territorio, sin discriminación.

La reafirmación de este deber estatal de protección especial se alcanza con la Ley 9406, Ley sobre el Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, de 2017. Su finalidad es prohibir el matrimonio de personas menores de edad y sancionar las relaciones impropias, con pena de prisión cuando la víctima sea mayor de trece y menor de quince años de edad, y el autor sea cinco o más años mayor que ésta en edad; y cuando la víctima sea mayor de quince y menor de dieciocho años, y el autor sea siete o más años mayor.

Con la aprobación de la Ley 9406, Costa Rica adecuó su legislación a las recomendaciones reiteradas del Comité contra la Discriminación de la Mujer y del Comité de los Derechos del Niño, que han advertido sobre la violación de derechos que se da y el daño que se produce como resultado de estas prácticas culturales y de la falla de Estados y sociedades en proteger a las personas menores de edad, en particular a las niñas y adolescentes como primeras víctimas bajo el control absoluto de sus convivientes, como en el caso que nos ocupa, en el que, por años, Arce no le permitió estudiar, le limitó salir y finalmente le segó su derecho a vivir.

Los hechos y las consecuencias son claras. La sociedad no puede seguir cerrando los ojos ante tales vejaciones. El primer cerco de protección es la propia familia, pero en forma concomitante la comunidad y las instituciones. Del 13 de enero al 30 de setiembre del presente año, según datos de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial, contabiliza 87 denuncias por el delito de relaciones impropias con víctimas de más de 15 años y menos de 18 recibidas ante esta instancia, mientras que en la Fiscalía de Género, ubicada en San José en ese mismo período se recibieron 128 denuncias. Estos números nos desafían a la visibilización del problema y al fortalecimiento de la denuncia para una intervención efectiva de todas las partes. De no actuarse en el momento oportuno, la impunidad y el abuso por parte de estos adultos seguirán afianzando la cosificación de nuestras niñas y adolescentes. El silencio se alía en forma cómplice a su favor, la denuncia es una responsabilidad de todos y todas.

Conscientes de que la situación que hoy nos aflige no es la primera y lamentablemente tampoco será la última, si no actuamos decididamente para detener este flagelo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fundación Paniamor, en esta fecha nos comprometemos a constituir un grupo de trabajo cuyo propósito será el seguimiento y apoyo al mejor cumplimiento de la Ley 9406, en todos sus alcances. En fechas próximas estaremos invitando a diferentes actores institucionales y sociales cuya participación en esta lucha es central al logro del propósito que nos anima, cual es prevenir la ocurrencia de relaciones impropias en la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes, y cerrar los espacios de impunidad en que se refugian quienes las victimizan de esta manera.

Fuente: Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes

Fotografía tomada de internet con fines ilustrativos.

Randall Chaves S.

Corresponsal de Canal 7 desde el 2008. Camarógrafo, editor y director de PZ Actual. Productor de Clásicos en Liberty TV.

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