El 26 de julio frente a las instalaciones de Televisora de Costa Rica y Cable Tica tres sujetos detonaron una bomba de fabricación casera, produciendo daños parciales en las instalaciones. El Organismo de Investigación Judicial revisó la escena y determinó que este artefacto era un extintor relleno de explosivo que contaba con un temporizador y se colocó en la base de un poste de energía. El caso permanece bajo investigación y se desconoce el móvil.
Ignacio Santos, director de Telenoticias de Canal 7, mostró su repudio al atentado y aseguró que pese a haber sufrido amenazas, jamás se habían concretado.
Greivin Rodríguez, corresponsal del Diario Extra fue detenido. Miembros de la Fuerza Pública lo esposaron, lo encerraron en un camión policial y sin motivo lo mantuvieron en una celda más de cuatro horas. Los hechos tuvieron lugar en Orotina, Alajuela, cuando Rodríguez recopilaba información sobre un aparente crimen. En la escena una jueza penal le impidió tomar fotografías y entrevistar a los policías. Le decomisaron su teléfono celular y su cámara de video y borraron los contenidos.
Periodistas y fotógrafos de los medios digitales CRHoy y El Observador, así como de los canales Repretel y Telenoticias, fueron víctimas directas de la represión por parte de sindicalistas que protagonizaron fuertes huelgas por temas fiscales y de empleo público.
El fotógrafo John Durán, de La Nación, denunció que el 3 de septiembre fue agredido física y verbalmente, y dañada su cámara por manifestantes cuando cubría una protesta convocada por el sindicato de educadores frente a la Asamblea Legislativa.
Jerry Alfaro, director de Noticias Repretel de Canal 6, y Silvia Ulloa, directora de CRHoy, manifestaron que sus equipos de prensa habían sido violentados y amedrentados en las coberturas noticiosas. A un periodista de El Observador le arrebataron el teléfono y lo lanzaron al piso, como muestra de descontento con la cobertura del medio.
El presidente del país, Carlos Alvarado, periodista de profesión, recomendó a sus ministros y demás miembros del gabinete que guarden silencio ante las consultas de los comunicadores, las que deben ser enviadas por correo electrónico para ser atendidas. En las conferencias de prensa se eligen los medios que pueden hacer consultas y se prohíbe repreguntar.
Recientemente la ministra de Comunicación, Nancy Marín, reunió a un grupo de periodistas en el recinto de gobierno y les advirtió que no permitiría más reclamos ni manifestaciones sobre la actuación del equipo de prensa del primer mandatario, pues estará dispuesta a interponer denuncias.
El gobierno nacional sigue bloqueando a medios de comunicación que denuncian irregularidades en la gestión y contrató a la agencia Bambú Capital Sociedad Anónima para contrarrestar y desmentir informaciones de los medios.
En el Congreso hay varios proyectos de ley que representan una amenaza para el ejercicio de los periodistas, entre ellos el 21187 que busca sancionar delitos informáticos y otro sobre fake news o noticias falsas que pudieran utilizarse en contra de los contenidos de los medios.
La ley implicaría una pena de cárcel de hasta cuatro años a quien difunda noticias catalogadas como falsas.
Otro proyecto de Ley de Extinción de Dominio busca el decomiso de bienes sin condena penal. El proyecto no define con claridad a cuáles delitos se les aplica la extinción de dominio y existe un peligro latente de que esta ley se convierta en un instrumento para que el Estado persiga y les quite sus bienes a ciudadanos honestos o a medios de comunicación independientes.
El 9 de agosto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó al Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) por amenazar con denunciar a las personas que laboran y se presentan como periodistas sin tener un título universitario o sin estar colegiados, a raíz de dos recursos de amparo planteados de forma separada por dos periodistas. Tras analizar las denuncias los magistrados concluyeron de forma unánime que el periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar, y destacó la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene de esta profesión (Opinión Consultiva oc-5/85 del 13 de noviembre de 1985) que «el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado». Agregaron que el mensaje de Colper representa una «clara contravención de lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política» en el que se establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones. La sentencia ordenó a Colper a publicar un comunicado de acuerdo a los lineamientos de la sentencia.
El 1 de octubre la oficina de la SIP recibió una comunicación de parte de uno de los denunciantes en la que expresó que si bien Colper «cumplió con la condena y publicó en su cuenta de Facebook el comunicado requerido por los magistrados constitucionales, esa misma tarde desplegó una campaña insinuando que solo los egresados de una licenciatura en periodismo son garantes de la libertad de prensa y de información».
La Opinión Consultiva de 1985 derivó de una solicitud de la SIP al gobierno de Costa Rica para que consultara a la Corte Interamericana sobre la colegiación obligatoria. Esta destacó que toda colegiación debe ser solo de carácter voluntario.
Fotografía de portada e información: Sociedad Interamericana de Prensa
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