Redacción / San Isidro de El General. La Defensoría de los Habitantes presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), su oposición a la propuesta de fijación tarifaria del ICE que incrementaría en un 8,75%, a partir del 1 de abril y por los siguientes 21 meses, las tarifas del servicio de distribución de energía eléctrica para los hogares, comercios e industria.
El aumento solicitado vendría a sumarse al aprobado por la ARESEP, el pasado 3 de diciembre de 2018, para el año 2019, cuyo monto fue de 7,89% en las tarifas de distribución de electricidad, por motivos de liquidación del año 2017.
En cuanto a esta nueva solicitud, inicialmente el ICE pretendía un aumento del 20,37% en las tarifas a los usuarios durante el año 2019. Sin embargo, posteriormente, modificó su pretensión para que el aumento se distribuyera en 21 meses (del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020) y no en nueve meses (del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2019), a efectos de “mitigar el impacto en los clientes finales”.
Respecto a la solicitud del ICE en particular, la Defensoría realizó una revisión de los expedientes de cada sistema (generación, transmisión, distribución y alumbrado público), y entregó al ente regulador un documento técnico donde se exponen sus objeciones y criterios de oposición.
En primer lugar, al revisar las solicitudes tarifarias, la Defensoría ha encontrado que no todos los elementos de las peticiones responden a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y cuentan con la adecuada justificación.
En el caso del sistema de distribución, que determina el precio final a los usuarios, el crecimiento de los costos proyectado para el 2019 supera en seis veces a la inflación estimada por el Banco Central para ese año, mientras que los ingresos proyectados apenas aumentan en un 1,9 por ciento. Por ello, la Defensoría solicitó al ente regulador una revisión exhaustiva de estos elementos y del rédito para el desarrollo pretendido.
En segundo lugar, considera la Defensoría que prorratear el aumento solicitado del 20,37%, al extender su aplicación por 12 meses más, es un mecanismo para “disfrazar” el incremento tarifario, sin ajustarlo al principio de servicio al costo pues, al final de cuentas, los usuarios terminaría pagando los ¢56,7 miles de millones de ingresos adicionales que pretende recaudar en ventas el ICE para el 2019.
Además, con extender el ajuste del año 2019 hasta todo el año 2020, se estaría formalizando un efecto cascada que incrementaría de forma exagerada en el mediano plazo, el costo de la energía para los usuarios finales, debido al arrastre de aumentos de períodos anteriores que se verían magnificados por los incrementos solicitados para los períodos corrientes, por las solicitudes de liquidación y ajustes ordinarios que realiza el ICE cada año.
Considera la Defensoría que esta práctica se puede prestar para ocultar una gestión empresarial deficiente en cuanto al control de costos y gastos operativos de los sistemas eléctricos en el período actual. De la revisión de la información suministrada en los expedientes tarifarios, la Defensoría llegó a la conclusión de que los niveles tarifarios pretendidos por el ICE no podrían serle otorgados por el ente Regulador.
Considerando lo anterior, la Defensoría externa su preocupación por el impacto que un nuevo aumento en el costo de la electricidad para el año 2019 tendría sobre el costo de vida de los hogares costarricenses y sobre el sector productivo; cabe recordar que ya en diciembre de 2018 se había aprobado un aumento para el 2019 como se indicó al inicio. Por ello, en esta ocasión la Defensoría recomienda al ente Regulador y al ICE, tener presente el efecto socioeconómico de incrementos tarifarios de esta magnitud, especialmente para los sectores más pobres de la sociedad.
Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes
